Ciudad de México.– La diputada Adela Ramos Juárez, miembro de la Comisión de Educación y perteneciente al partido Morena, expresó su desacuerdo con los nuevos libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024. En una conferencia de prensa, Ramos Juárez pidió al Gobierno Federal que detenga la distribución de los libros hasta que existan condiciones favorables y se resuelva de manera legal el proceso.
Ramos Juárez, quien también es maestra de educación básica, compartió sus inquietudes con respecto a los nuevos libros de texto gratuitos. Señaló que estos libros no solo contienen errores ortográficos y gramaticales, sino que también presentan intenciones dogmáticas y filosóficas que podrían llevar a un interés político. Ramos Juárez se unió a las voces de inconformidad de maestros, padres de familia, sociedad en general y expertos en educación.
«La educación debe ser el pleno desarrollo armonioso de las facultades físicas y mentales de las y los niños, para una vida productiva con pensamiento crítico, reflexivo y analítico. La educación debe ser laica, gratuita y obligatoria».
Ramos Juárez también informó que ha solicitado una auditoría para clarificar y transparentar los gastos relacionados con la elaboración de los libros de texto gratuitos, incluyendo los perfiles de quienes contribuyeron a su contenido. Además, ha instado a la Comisión de Educación a que incluya todas las voces en el proceso y convoque de manera imparcial a todos los integrantes de esta instancia legislativa.
La diputada Olga Luz Espinosa Morales, del partido PRD, también expresó su oposición a la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos. Señaló que estos libros generan inequidades y desigualdades, especialmente en áreas con acceso limitado a Internet. Espinosa Morales llamó a la Secretaría de Educación Pública a revisar los libros de texto y a evitar influencias políticas que puedan violar los derechos de los niños.
Por otro lado, Ramos Juárez también informó que presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra funcionarios públicos del gobierno de Chiapas por el presunto uso indebido de recursos públicos para campañas políticas. Acusó que ciertos funcionarios están ejerciendo funciones de administración con ventaja política, lo que podría afectar la equidad en las elecciones.