Poza Rica, Ver.- Fuertes intereses políticos buscan frenar la investigación relacionada con la manta colgada en un puente peatonal de esta ciudad, en la que se exhibían a tres regidores de Morena que habían desaprobado la cuenta pública municipal. Este miércoles se llevará a cabo una audiencia privada, parte de las pruebas que obran en la carpeta de investigación son imágenes del presunto autor material, plenamente identificado y vinculado al grupo en el poder.
Fue en diciembre pasado, previo a la rendición del primer informe de gobierno del presidente municipal Francisco Javier Velázquez Vallejo, cuando se colgó una lona en la que aparecían los rostros de los ediles Brenda Guadalupe Carrión Cabrera, Gregoria Miguel Reyes y Eloy Núñez León, quienes habían votado en contra de la aprobación de los estados financieros.
La intensión era evidenciarlos ante la posible asistencia del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien no se presentó al informe de gobierno.
A unos metros del puente peatonal ubicado frente a la escuela primaria María Enriqueta se encuentra una de las videocámaras de vigilancia del C4, la cual captó el momento en el que se observa al autor material.
Trascendió en las últimas horas que la persona que aparece en los videos podría ser Emilio Olvera Andrade, actual delegado regional de Programas Sociales de la Secretaría del Bienestar, quien estaría fuertemente vinculado a la diputada federal Raquel Bonilla Herrera y al propio alcalde Francisco Javier Velázquez Vallejo.
Ante las evidencias que lo incriminan, se tuvo conocimiento que existe la intención de coaccionar a la Fiscalía Quinta para tratar de bloquear las investigaciones y darle carpetazo al asunto.
Emilio Olvera como delegado de programas federales tiene la responsabilidad de realizar el censo ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante su más reciente visita a la entidad hizo un llamado de atención a Manuel Huerta Ladrón de Guevara porque no se había concluido el censo.
Además de que no se ha concluido, participantes denominados “Servidores de la Nación”, han denunciado que no han logrado cobrar por sus servicios contabilizados desde la toma de protesta de López Obrador como presidente.
Esta situación ha provocado que algunos de ellos, cabezas de familia, hayan adquirido deudas para solventar sus gastos.