Rubén Salazar Vázquez
Director de Etellekt
Las expresiones recientes en contra de la Ley de Seguridad Interior, agrupadas en el movimiento #SeguridadSinGuerra, tardaron por lo menos 10 años en manifestarse y darse cuenta que el país se encuentra militarizado. La pregunta es ¿por qué hasta ahora?
Desde entonces, no sólo hemos sido testigos del empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, sino de algo más preocupante: la militarización de nuestras policías.
Algunas de las organizaciones ciudadanas que hoy se oponen a la aprobación de un marco legal de actuación del Ejército y la Marina en labores de seguridad interior, olvidan que en 2008, al firmar el Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, abrieron la puerta a la militarización de la seguridad pública en México, al solicitar en su punto XI a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) comprometerse “a autorizar el equipamiento de las instituciones de seguridad pública con armas automáticas y de calibre superior a los cuerpos de seguridad”.
Lo anterior agilizó la entrega de licencias y venta de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea a policías de los tres niveles, incluyendo “armas, municiones y materiales destinados exclusivamente para la guerra”, según lo estipulado por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Gracias a esta medida, armas de grueso calibre fabricadas en Alemania terminaron siendo adquiridas para diversas policías municipales poco confiables, entre ellas la policía de Iguala, presuntamente responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Tras estos hechos, la Sedena retiraría estas armas a policías de Guerrero, Jalisco, Chihuahua y Chiapas, argumentando que se trataba de armamento empleado en “países en guerra”.
Pero este Acuerdo por la Seguridad no sólo alentó el ingreso de armas, sino también de vehículos y aeronaves usados para la “guerra”.
Ahora tenemos policías que, más bien, parecen ejércitos regulares; ejemplos sobran, desde los Black Hawk adquiridos por la Policía Federal (PF) y la Policía Estatal de Jalisco, hasta los Sand Cat, comprados también por la PF y las policías estatales de Tamaulipas y Veracruz.
No es casual que los cuarteles de la Fuerza Civil en Nuevo León se llamen “campos policiales” o que en vez de oficiales patrullando las calles en automóviles, lo hagan ahora en camionetas descubiertas, apuntando rifles de alto poder.
Lo peor es que muchas de las armas entregadas por Sedena a estas policías pudieron caer en manos criminales, responsables de la actual crisis de violencia.
Tan sólo de 2009 a 2017, fueron reportadas 11 mil 494 armas extraviadas en corporaciones de seguridad federales y estatales, de acuerdo con información de la Sedena, correspondiente a 2017.
Para tener seguridad sin guerra, y acercarnos un poco al modelo de desarrollo policial de la Scotland Yard, en Londres, donde sólo 10 por ciento de sus policías portan armas de fuego a pesar de las amenazas terroristas que enfrentan, se requiere no sólo regresar a los militares a los cuarteles, sino transitar de un modelo policial construido para la guerra a otro comprometido con la seguridad ciudadana. ¿Cuál de las dos vías adoptará López Obrador?