Mazatlán, Sin.- Integrantes el Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión han documentado en lo que va de este año al menos 14 agresiones y bloqueos informativos en la región sur del estado en contra de la prensa que intenta ser crítica con los gobiernos locales.
A través de un desplegado, los periodistas señalan a funcionarios públicos en los ayuntamientos de Mazatlán y Escuinapa, de estar detrás de las agresiones, siendo en esas regiones donde esta problemática se ha convertido en cosa cotidiana.
En Mazatlán ocurre la gran mayoría de los casos aquí registrados, bajo la administración del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres. Es por ello que se vive un clima hostil para los periodistas críticos debido a denostaciones públicas al gremio, amenazas, intimidaciones, intentos de control a través de la publicidad oficial, campañas de desprestigio, así como distintas prácticas que en la mayoría de los casos van enfocadas a evitar que los periodistas informen con libertad a los ciudadanos sobre las acciones de gobierno y el uso de recursos públicos.
En el documento relatan cada una de las agresiones, marcadas con un fuerte componente de violencia de género, ya que se incluyen agresiones a mujeres que ejercen el oficio del periodismo, pero además declaraciones públicas que denigran al género femenino como la que hizo el presidente municipal de Escuinapa, Emett Soto Grave, que se describe en el documento adjunto.
Destacan que se trata sólo de un balance parcial de las denuncias recopiladas en lo que va del año a través de las publicaciones en medios impresos, radiales y electrónicos, confirmadas con los propios afectados, además de algunos otros testimonios recabados directamente por dicho Colectivo.
Se hace del conocimiento a defensores y promotores de los derechos humanos y autoridades, como una muestra de los peligros que enfrenta el periodismo en el escenario político actual, donde la división y la polarización laceran a toda la sociedad. Lo anterior para destacar la urgencia de que el Estado mexicano, a través de su andamiaje institucional, garantice la protección de los periodistas y defensores de derechos humanos en nuestro país y en nuestra región.
Accede al documento en el siguiente enlace: