Juez de control en Apatzingan desestimó los delitos de homicidio y tentativa de homicidio en contra de personal militar y de la Policía Estatal, quienes ahora enfrentan señalamientos de tortura y dilación en la puesta a disposición.
Esta tarde trascendió la resolución dictaminada por un Juez de control en Apatzingan, Michoacán, en relación a la Carpeta de Investigación FED/MICH/APAT/486/2019, integrada por los hechos ocurridos el pasado 21 de febrero en los que perdió la vida el Teniente Coronel de Infantería José Guadalupe Barrientos Ortiz.
En la misma se integraron acusaciones por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, portación de arma de fuego sin licencia, homicidio del Teniente Coronel y homicidio en grado de tentativa en agravio del Cabo de Infantería Roberto Carlos C. Q. y el policía Miguel S. C.
Una falla en la integración de la Carpeta de Investigación derivó en que el Juez de control calificó la detención como ilegal, además de que ahora el personal militar y de la policía estatal enfrenta acusaciones por tortura.
El Juez determinó que hubo una dilación injustificada por cuatro horas y media para poner a disposición a los cuatro detenidos ante la Fiscalía General de la República (FGR), además de que también están injustificadas las lesiones que presentaron los detenidos.
Consideró además que hubo violación a los derechos humanos de los detenidos, en virtud de que los primeros respondientes no brindaron atención médica de manera inmediata, sino hasta después de ponerlos a disposición de la FGR, contrario a la atención que recibieron los elementos militares y policiacos, acusándolos de haber cometido discriminación en la atención y derecho a la salud.
Por otra parte, encontró que dos de los cuerpos encontrados en el lugar, fallecieron por causas diversas del enfrentamiento.
De los imputados Carlos “N”, Jesús “N”, Santiago “N” y Uriel Gerardo “N”, éste último declaró que su tío, muerto en el lugar de los hechos a causa de policontución, fue torturado por el personal militar.
César Gutiérrez Priego, abogado especialista en derecho militar, expone que un fiscal debió defender el hecho de que se encontraban en un sitio inhóspito y de difícil acceso en la sierra, por lo que no podían presentar a los imputados de manera inmediata ante la FGR.
El tipo de lesiones que presentaba el personal militar, en este caso el Teniente Coronel, eran graves y por lo tanto, al haber un solo vehículo para el traslado, fue llevado al Hospital Militar al estar en riesgo su vida, lo que justifica en una triage el por qué se postergó la atención a los presuntos delincuentes.
Respecto al informe policial homologado en el que basa el Juez su dictamen y en el que supuestamente no se aclara como ocurrieron los hechos, cabe señalar que el personal militar no está capacitado para su llenado, por lo que debió haber estado presente un ministerio público que les informara el procedimiento.
“Independientemente de los errores administrativos que pudieron haber cometido los primeros respondientes, no elimina el hecho que ocurrió un homicidio en un enfrentamiento con civiles, los cuales no tenían permiso ni autoridad para portar armamento de uso exclusivo”.
Lo anterior es resultado de no contar con ministerios públicos capaces, lo que hace que los delincuentes salgan fácilmente libres y se actúe en contra de las autoridades, militares y policiales. Ahora los militares y policías enfrentan cargos de tortura y tendrán un plazo de 10 días para informar respecto a los hechos en los que se les señala.