Ilustración: Alejandra Saavedra.
En sólo cuatro meses, más de 150 personas fueron desaparecidas en Nayarit. Eso ocurrió en 2017. Al menos en 47 de esos casos, las evidencias indican que los responsables eran servidores públicos que operaban desde la fiscalía o alguna policía del estado. Seis años después, esas desapariciones siguen impunes. Algunos de los presuntos perpetradores continúan laborando en la fiscalía o ya se jubilaron. En las investigaciones han habido momentos de parálisis, destrucción de pruebas, obstrucción de autoridades y solapamiento. Todo ello en medio de un conflicto entre la fiscalía estatal y la Fiscalía General de la República.
Por Efraín Tzuc / Quinto Elemento Lab
La madrugada de ese viernes 8 de septiembre de 2017, unas ocho personas bajaron de las dos camionetas que se estacionaron frente a la casa ubicada en el poniente de Tepic, Nayarit. No tardaron más de 25 minutos dentro del lugar. Ese tiempo fue suficiente para que activaran su operativo de desaparición de personas.
Janeth Ramírez no olvida esa madrugada. A punta de golpes de marro, uno de los hombres tumbó la puerta principal. Cuando trataba de derribar la segunda puerta, amenazó a José Antonio Ramírez. Iban por él, no había duda. El hermano de Janeth se sentó en un sillón y agarró un palo, como para defenderse de lo indefendible. Ella se encerró en una habitación junto con su madre y otros cuatro familiares.
Cuando se lo llevaron, José Antonio tenía 30 años. Seis años después, su familia sigue sin saber por qué fueron por él, por qué lo desaparecieron.
En 2017, Nayarit se convirtió en un epicentro de la desaparición. Tan sólo en la semana del 4 al 10 de septiembre de ese año, además de José Antonio al menos otras 19 personas fueron desaparecidas en la ciudad de Tepic. Ese número surge de una base de datos elaborada por Quinto Elemento Lab, a partir de fichas de búsqueda públicas, entrevistas a familiares, informes de organizaciones civiles y documentos oficiales.
Los datos también muestran que entre junio y septiembre de 2017, al menos, 15 episodios masivos en los que se llevaron del mismo lugar y día a entre dos y cinco personas.
A diferencia de Acapulco, Tijuana o Matamoros, los habitantes de Tepic no sabían lo que era vivir en un territorio herido por la ausencia de los desaparecidos. “Tenías la confianza de mandar a tu niño en la noche a la calle, de salir ya tarde sin ningún problema, porque no había tanto levantón, no había tanto enfrentamiento, no había tanto tiroteo”, recuerda Janeth Ramírez.
En Tepic, la desaparición de personas llegó como un alud a partir de junio de 2017. El efecto expansivo de esa violencia también se sintió en los municipios vecinos de San Blas y Xalisco. Eso es lo que muestran los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), analizados por Quinto Elemento Lab.
Durante una década, de 2006 a 2016, en promedio, 18 personas fueron desaparecidas al año en todo el estado. Para 2017, esa cifra se multiplicó. Tan sólo entre junio y septiembre, se dejó de saber de 150 personas. Los datos oficiales reconocen a 221 víctimas durante todo ese año, aunque el conteo de Quinto Elemento Lab alcanza las 250.
En el caso de José Antonio, así como en 47 personas más, existen evidencias de que se trata de desapariciones forzadas. Es decir, habrían sido cometidas por servidores públicos de la Fiscalía General de Nayarit (FGE), su cuerpo de élite, la Policía Nayarit o alguna policía municipal, según documentó la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la organización mexicana Idheas, Litigio Estratégico al entrevistarse con un centenar de familiares de las víctimas.
“Llegaban en camionetas blancas, con marros de cemento, golpeaban las puertas. Tenían identificados a los jóvenes. Preguntaban por ellos en las casas y los sacaban. Tenían a personas que los apuntaban en la calle, como: ‘es él, es él’”, recuerda Cristina Lozano, quien hasta mayo de 2022 era abogada en Idheas.
El despunte de las desapariciones ocurrió después de la elección por la gubernatura de Nayarit, el 4 de junio de 2017. Ese día, el Partido de la Revolución Institucional (PRI), al que pertenecía el mandatario en turno Roberto Sandoval, perdió frente al candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Antonio Echevarría. Los eventos de desaparición de personas cayeron con la misma intensidad a finales de septiembre, cuando Sandoval dejó el cargo.
Seis años después de que Nayarit sufrió varios episodios de desapariciones masivas y forzadas, las investigaciones no avanzan a nivel estatal, pero tampoco en el ámbito federal. Las mismas familias han identificado que algunos de los presuntos perpetradores continúan trabajando para la Fiscalía General del Estado y para otras policías en la entidad.
Ser desaparecido por elementos de la fiscalía
Los relatos de las familias son similares. Los agresores casi siempre llegaban en dos camionetas Honda CRV de color claro, en algunas ocasiones en una Jeep Patriot y una Tahoma. Entraban a los domicilios o establecimientos comerciales, tomaban a las personas que tenían claramente identificadas y las subían a las camionetas que estaban equipadas con “códigos”, así se les llama a las luces rojas y azules que llevan algunos vehículos de seguridad.
El jueves 22 de junio de 2017 ocurrió uno de los primeros episodios de desaparición masiva registrados en Nayarit. Por lo menos a once personas se las llevaron por la fuerza, a seis de ellas las sacaron de su domicilio o de un establecimiento comercial. Los registros realizados por colectivos de búsqueda en Nayarit señalan que ese día podrían haber desaparecido hasta 21 personas.
Ese día, después de las 18:30, en tres camionetas se llevaron a Alejandro López Jara, a otros tres hombres y a una mujer. Ni uno rebasaba los 25 años. Los cinco acaban de coincidir en el mismo domicilio del fraccionamiento Villas del Prado, al sureste de Tepic.
Rosa María Jara, madre de Alejandro, recreó lo que sucedió a partir de testigos de la escena. Su hijo se encontraba en una moto, junto con otro muchacho. Estaban a punto de irse, cuando los embistió una camioneta Jeep Patriot negra, acompañando a ese vehículo iban dos más: una Tacoma gris y una CRV blanca.
A no más de cuatro kilómetros de ahí, casi media hora después, una escena similar sucedió en un domicilio del fraccionamiento Jacarandas: tres hombres fueron llevados a la fuerza en los mismos vehículos. “Se presume que nuestros hijos iban arriba de las camionetas todavía”, dice Rosa María Jara.
Cerca de las diez de la noche de ese día, también en tres camionetas llegaron por dos jóvenes más en la colonia Lagos del Country, uno de ellos era Santiago Eloir Pérez Reyes, de 28 años. “Se lo llevaron, señora, gente de la fiscalía”, le dijo a Alejandra Pérez Reyes, su hermana, una persona que respondió a su pedido de ayuda en redes sociales.
El registro de la ubicación del celular de Alejandro López Jara, que las autoridades han mostrado a su madre, permite ver el movimiento del comando de los fraccionamientos Villas del Prado a Jacarandas.
La madrugada del 25 de junio, los vehículos —una camioneta negra, una roja y dos blancas con vidrios polarizados y sin placas— fueron vistos en el fraccionamiento Jacarandas. Al menos se habrían llevado a tres jóvenes.
En agosto de 2017, las desapariciones continuaron. El 13 de ese mes un comando armado llegó a una fiesta en la colonia Miguel Hidalgo, a unos 500 metros de la fiscalía. Tania Guzmán, de entonces 23 años, estaba fuera de la casa y miró las tres camionetas en las que llegaron aquellos hombres: “Corro y me meto a la casa donde estábamos. Subo al segundo piso y lo primero que hago es meterme debajo de la cama, pero no cabía, entonces no tuve otra opción más que meterme al clóset”.
Cuando decidió salir de su escondite y bajar las escaleras se enteró de que el comando se llevó a su papá, Rogelio Guzmán, de 47 años, y a Jesús Antonio Pinzón, de 23 años.
Un par de días después, cuando intentaban tramitar la denuncia por las desapariciones, Tania y su mamá vieron salir de las instalaciones de la fiscalía a dos de las camionetas en las que se llevaron Rogelio Guzmán y a Jesús Antonio: la CRV blanca y la otra gris.
La última ola de desapariciones masivas de ese 2017 ocurrió cuatro días después de que el priista Roberto Sandoval le entregara el cargo como gobernador al panista Antonio Echevarría. El 23 de septiembre de 2017, al menos siete personas fueron desaparecidas en Tepic. En uno de los casos, los perpetradores vestían uniformes de la Policía Municipal, de acuerdo con una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del estado, emitida en 2021.
“No eran casos aislados”, dice Alejandra Pérez, hermana de Santiago Pérez. “El 90% de las víctimas estaban relacionados entre sí de alguna manera, tenían amigos en común, vivían en fraccionamientos específicos: Jacarandas, Lagos del Country, Villas del Roble”. También en las colonias 2 de agosto, Villas del Prado, Lomas de la Laguna y el Rodeo. La mayoría están en el sureste de la ciudad, a menos de cinco kilómetros de la misma fiscalía.
Los herederos de El Diablo
El exfiscal Édgar Veytia Cambero es un hombre de semblante recio, con un prominente bigote, de palabra fuerte y arrogante que construyó su carrera política de la mano del priista Roberto Sandoval, quien ocupó la presidencia municipal de Tepic en 2011 y lo designó, primero, director de tránsito y, después, secretario de seguridad pública. También lo hizo su compadre.
Al llegar a la gubernatura, en septiembre de 2011, Sandoval nombró a Veytia subprocurador. En 2013 lo designó Fiscal General del Estado de Nayarit. La fiscalía fue su reino hasta que el 27 de marzo de 2017, fue detenido en San Diego, California.
La acusación de las autoridades estadounidenses —que Veytia aceptó— indica que, al menos, desde 2013 el entonces fiscal y un grupo de policías corruptos protegían al cartel liderado por Juan Francisco Patrón Sánchez, el H2. Incluso, atacaban a sus rivales a cambio de millones de dólares de sobornos que recibía mes con mes. También iniciaron su propio emprendimiento criminal abusando de su cargo y sumando alianzas con servidores públicos de otras instancias, jueces y notarios para despojar a los pobladores de propiedades que le interesaban, como reveló una investigación de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) publicada en 2019.
El ocaso de Veytia comenzó el 9 de febrero de 2017, en un operativo hollywoodesco en el que elementos de la Secretaría de Marina, desde un helicóptero Black Hawk, atacaron una casa en la colonia Linda Vista, al noreste de Tepic. Ahí, supuestamente, estaba Juan Francisco Patrón Sánchez, líder de los H, grupo criminal que operaba principalmente en Nayarit y surgió del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
De acuerdo con el exsecretario de seguridad de Nayarit, Javier Herrera Valles y un análisis de contexto realizado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) en 2022, Veytia decidió entregar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el control de Nayarit. Ese nuevo pacto duró hasta que el fiscal fue detenido en San Diego, Estados Unidos.
Casi tres meses después de su detención, los operativos para desaparecer personas comenzaron a ser cada vez más recurrentes en Nayarit.
Ninguna autoridad ha podido explicar por qué las desapariciones se dispararon de junio a septiembre de 2017. La información que han recabado las propias familias indica que dentro y fuera de la fiscalía había una disputa por el control del trasiego y venta de droga.
En una entrevista realizada en marzo de 2018, el exsecretario Javier Herrera Valles, afirmó que, después del asesinato de Patrón Sánchez, Veytia buscó quedarse con el control del estado y que, al ser detenido, un grupo de unos 12 elementos de la fiscalía se quedaron “cometiendo atrocidad y media”.
Semanas después, en una reunión con diputados locales, Herrera Valles reiteró que en el clima de violencia que vivía Nayarit habrían estado involucrados tres grupos distintos: Los H —agrupados en torno a Yahir Patrón, hijo de Juan Francisco Patrón—, elementos de la fiscalía, en particular el comandante Luis Antonio Torres Valdivia, que se alió con Juan Martín Rivas alias El H18, y el Cártel Jalisco Nueva Generación, con quienes Veytia habría pactado antes de ser detenido.
Un reportaje publicado en la revista Proceso en 2017 señala que Torres Valdivia era cercano a Édgar Veytia Cambero, desde que éste era Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Tepic. Esa cercanía continuó cuando Veytia fue nombrado Fiscal General del Estado.
En 2019, Veytia se declaró culpable de conspirar con el grupo de Patrón Sánchez para traficar droga en Estados Unidos. Purga una condena de 20 años es una prisión federal de ese país y ha dado información a las autoridades estadounidenses relacionada con el general Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional del gobierno de Enrique Peña Nieto, y de Genaro García Luna, quien fue titular de la Policía Federal bajo la administración de Felipe Calderón.
El exgobernador nayarita Roberto Sandoval no tuvo mejor suerte: en 2019 la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) lo incluyó en su “lista negra” por presuntamente haber recibido sobornos del CJNG a cambio de protección e información. En México, la FGR inició una investigación en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Desde junio de 2021, Sandoval se encuentra en prisión a la espera de que inicie su juicio.
Quinto Elemento Lab buscó a la Fiscalía General de la República para conocer si Veytia y Sandoval están siendo investigados por las desapariciones forzadas que ocurrieron en Nayarit en 2017. No se tuvo respuesta. También se solicitó entrevista con las autoridades de la Fiscalía General de Nayarit. El resultado también fue el silencio.
Familiares de personas desaparecidas en ese 2017 identifican con nombre y apellido a varios de los elementos de la fiscalía que presuntamente realizaron las desapariciones. En seis años, han visto a uno de ellos jubilarse; supieron que otro fue asesinado junto con su escolta; sobre un par saben que continúan en instituciones de seguridad pública distintas a la FGE o en unidades municipales de la misma fiscalía. También han visto pasar las investigaciones de manos de la FGE a la Fiscalía General de la República. Aun así, no hay avances sustanciales.
Desenterrar la verdad
Janeth Ramírez dice que el corazón le avisó que aquel cuerpo era de su hermano José Antonio. Era febrero de 2018. La noticia le llegó por el chat de WhatsApp del colectivo en el que participa, “Por nuestros corazones y una búsqueda de amor”. Dijeron que uno de los cuerpos recuperados en una fosa clandestina recién encontrada en la localidad de Testerazo, Xalisco, tenía una placa metálica. Su hermano llevaba una en el brazo izquierdo. Personal de la FGE se lo confirmó siete meses después.
La suerte de José Antonio fue la misma que la de otras 18 personas desaparecidas entre el 13 de agosto y el 8 de septiembre de 2017. Sus cuerpos fueron recuperados de tres entierros ilegales encontrados en la misma zona del municipio de Xalisco. De un cuerpo que se encontraba en una de esas fosas, no se pudo averiguar la fecha de desaparición. Seis cuerpos más siguen como no identificados.
En Nayarit, las fosas brotaron y brotaron desde 2017, año en el que se encontraron seis entierros ilegales de los que se recuperaron 18 cuerpos. Al año siguiente los hallazgos fueron masivos: al menos en otras siete fosas se ocultó a 55 cuerpos. En 2019 se encontraron cuatro más con 36 personas fallecidas y en 2020 una con nueve cuerpos. Todas las víctimas habían sido desaparecidas entre junio y octubre de 2017, según identificó Quinto Elemento Lab a partir de un documento de análisis de contexto elaborado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), entrevistas a familiares y respuestas de transparencia otorgadas por la fiscalía nayarita.
Hasta junio de 2023, de los 118 cuerpos hallados en fosas, 42 no habían recuperado su identidad.
Las fosas revelaron parte del modus operandi de los perpetradores: en cada una de ellas se encontraron personas que fueron sustraídas en el mismo lugar, el mismo día o en días próximos.
Dos personas que lograron escapar de los captores y contaron a familiares y autoridades lo ocurrido, aseguraron que a las víctimas las retenían en casas de seguridad por días. Ahí, todas eran torturadas. Las mujeres sufrían violaciones. Después, los llevaban a parajes aislados, aunque de fácil acceso. Algunos no llegaban con vida y, quienes sí, eran asesinados a tiros en el lugar.
La mayoría de las fosas clandestinas fueron encontradas en el municipio de Xalisco, cerca del aeropuerto de Tepic y a espaldas de la Unidad Académica de Agricultura de la Universidad Autónoma de Nayarit. En enero de 2018, en ese lugar se localizaron tres entierros ilegales de los que se recuperaron 33 personas que habían sido desaparecidas entre el 3 y el 20 de junio de 2017.
Ocho de las nueve víctimas del 22 de junio fueron enterradas juntas, en una fosa descubierta en enero de 2019 en el Pantanal, a unos siete kilómetros del aeropuerto de Tepic. Ahí mismo estaban tres hombres a quienes se llevaron el 25 de ese mismo mes y otras siete personas que, hasta mediados de 2023, no habían sido identificadas.
Con las fosas también se han desenterrado indicios sobre los posibles perpetradores de las desapariciones. En un análisis de la CNB, se menciona que en los entierros encontrados en mayo de 2018 había uniformes de la Policía Nayarit.
Visualización: Daniel Gómez Hernández
Desdibujar las desapariciones forzadas
En enero de 2022, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) publicó un análisis de contexto sobre las desapariciones de Nayarit. El documento fue elaborado por petición del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (Comité CED).
Según la CNB, las desapariciones se explican por una venganza de la célula del cártel de los Beltrán Leyva en Nayarit, Los H, contra elementos de la fiscalía estatal, con quienes habían trabajado en alianza hasta febrero de 2017, cuando Veytia los traiciona y entrega a su líder, Juan Francisco Sánchez Patrón a la Secretaría de la Marina.
Por algún motivo, que en más de cien páginas la CNB no demuestra, “la gente de la fiscalía negocia (con Los H) y les entrega a esos jóvenes y a otras personas que ya habían trabajado para la fiscalía”.
A los colectivos de búsqueda les presentaron una versión incompleta del documento, una semana antes de que llegara a México una representación del Comité CED de Naciones Unidas, a finales de noviembre de 2021. El documento final lo conocieron en enero de 2022.
Después de la publicación del documento final, familiares de los desaparecidos se reunieron con funcionarios de la Comisión Nacional de Búsqueda. Ahí, Alejandra Pérez les reclamó: “¿Por qué no hay un análisis con una estructura criminal sobre la Fiscalía del Estado?”
Para el abogado de Idheas, Michel Cervantes, el documento “atenúa las desapariciones forzadas, (así como) la responsabilidad del estado de Nayarit en cuanto a la comisión de las desapariciones”. La abogada Cristina Lozano, que estuvo en la misma organización hasta mayo de 2022, considera que ese análisis de contexto criminaliza a los jóvenes desaparecidos al vincularlos con los grupos criminales o por ser consumidores o exconsumidores de alguna droga, lo cual no justifica su desaparición.
“Faltó señalar a la fiscalía con la misma precisión que están diciendo que nuestros desaparecidos estaban relacionados con esas bandas”, considera Leticia Pinzón, madre de Jesús Antonio.
La comisión también se comprometió a elaborar un plan de búsqueda para las familias nayaritas, pero sólo envió un borrador hace más de un año.
En junio de 2023, un Tribunal Colegiado ordenó a la CNB no considerar el análisis de contexto como un documento oficial y dejar de difundirlo. Eso fue resultado de un amparo que presentó el exgobernador Roberto Sandoval al considerar que el documento violaba su derecho a la presunción de inocencia.
En su sentencia, el Cuatro Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, identificó que en el documento “se observan afirmaciones con relación a que el hoy quejoso (Roberto Sandoval) tuvo nexos con el crimen organizado y que encabezó una estructura criminal, lo cual, de manera indirecta hace presumir que es responsable de las desapariciones de personas durante su encargo”.
Quinto Elemento Lab solicitó entrevista a la CNB, pero no tuvo respuesta.
La tragedia común
Rosa María Jara no conocía a Alejandra Pérez hasta que se encontraron en la búsqueda. El hijo de Rosa María y el hermano de Alejandra son dos de las, al menos, once personas que desaparecieron el 22 de junio de 2017.
Lo mismo pasó con Leticia Pinzón y Tania Guzmán. A sus familiares, los desaparecieron en la misma fiesta.
Las cuatro mujeres llegaron a la fiscalía para preguntar si su familiar estaba detenido o para tramitar la denuncia por desaparición. En esas oficinas empezaron a notar que había decenas de desaparecidos.
“Tepic es muy pequeño. Se empiezan a llevar a los primeros jóvenes y una mamá empieza a conectar a otra y a otra. Así es como surge el primer colectivo, con las 21 desapariciones. Nos comenzamos a organizar en el mes de junio de 2017”, recuerda Alejandra Pérez.
El 30 de agosto —Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada— se fundó formalmente el Colectivo Familias Unidas por Nayarit, al cual pertenece Alejandra Pérez. Ya las familias habían organizado una primera protesta frente al palacio de gobierno y una huelga en la delegación de la entonces Procuraduría General de la República en Tepic y lograron que ahí les recibieran sus denuncias. El 4 de agosto se reunieron con el entonces gobernador, Roberto Sandoval. Un día después, la fiscalía anunció el hallazgo de la primera fosa clandestina.
Los colectivos fueron creciendo conforme se extendían las desapariciones por Tepic y sus municipios cercanos. Como en gran parte del país, han sido estas agrupaciones de familiares las que empezaron a recorrer parajes en la búsqueda de fosas clandestinas. También son las que han enfrentado a la fiscalía.
En julio de 2018, por ejemplo, la fiscalía estatal presentó al comandante Salvador Aguilar Brito como el nuevo encargado de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas. Las familias recordaron que el nombre del funcionario se encontraba en varias carpetas de investigación. Una madre lo acusó de haberse llevado a su hijo.
Los colectivos exigieron al fiscal Petronilo Díaz retirar del cargo al comandante Aguilar Brito, pero únicamente lo movió a otra unidad de la misma institución, de acuerdo con las líderes de los colectivos entrevistadas. Quinto Elemento Lab confirmó que, en abril de 2023, el comandante seguía en la nómina de la FGE.
Obstaculizar la verdad
En diciembre de 2022, durante una reunión con autoridades federales y del estado de Nayarit, Rosa María Jara reclamó que la fiscalía estatal destruyó evidencia recuperada de la fosa clandestina donde fue encontrado su hijo. Entre quienes escucharon su reclamo estaban el subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas; el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, y el fiscal local, Petronilo Díaz Ponce.
“Le dije al licenciado Encinas que me ayudaran en un tema que a mí me duele mucho. ‘Las prendas de una fosa clandestina —le dije—, donde estuvo mi hijo, fueron destruidas sin sustento alguno’”.
El 14 de abril pasado, una investigación de la periodista Karina Cancino publicada en Aristegui Noticias, reveló que la fiscal especializada en investigación de personas desaparecidas de la FGE, alegó que se destruyeron las evidencias “por presentar (sic) fuente de infección que pone en riesgo la salud pública”.
Se trataba de vestimentas y objetos —incluso metálicos— localizados en una fosa clandestina en donde se encontraron los cuerpos de 21 personas que fueron víctimas de desapariciones masivas en junio de 2017. Algunos objetos podrían pertenecer a elementos de la Fiscalía General del estado de Nayarit, aseguraron Rosa María Jara y Alejandra Pérez. Su hermano fue encontrado en la misma fosa.
La pérdida de pruebas que serían clave para la investigación no es el único obstáculo que ha puesto la Fiscalía estatal encabezada por Petronilo Díaz. La propia FGR reconoció —en respuesta a solicitudes de información— que las carpetas de investigación iniciadas desde 2017 por su homóloga local le fueron entregadas incompletas.
“(…) a la fecha no se han remitido todos los datos de prueba que fueron teóricamente recabadas por la Fiscalía Estatal de Nayarit, asimismo se tiene conocimiento que se han destruido datos de prueba como escuchas, datos conservados, además de contaminado las diligencias de campo por nombrar algunas”, se lee en uno de los oficios que la FGR remitió al INAI, como parte de un proceso de recurso de revisión presentado por Quinto Elemento Lab.
Esto coincide con los testimonios de cuatro familiares que denunciaron el “rasuramiento” de los expedientes de sus familiares. Entre los documentos faltantes hay registro de llamadas y mensajes del celular de una persona desaparecida, dictámenes forenses e, incluso, un expediente completo que simplemente no llegó de la fiscalía estatal a la FGR.
De hecho, la FGR prácticamente tuvo que “arrebatarle” a la fiscalía estatal los expedientes de decenas de casos de personas desaparecidas en Nayarit.
El 14 de diciembre de 2020, personal de la FGR, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se reunieron para coordinar el operativo en el que se llevarían las carpetas de investigación de la Fiscalía de Nayarit.
En la minuta de la reunión, que fue reenviada de un correo de la Sedena, que aparece en la filtración del grupo Guacamaya, se resumen los puntos acordados y se advierte que “hay gente involucrada en la Fiscalía” y que, si no cooperaba la fiscalía local, se solicitaría una orden de cateo “con fines de exhumación”. Esta orden tendría que ver con una sospecha de los familiares. Para ellos no es descabellado pensar que en el interior de la fiscalía hay fosas en donde se enterró a algunas víctimas.
El operativo que se menciona en la minuta de la reunión ocurrió el 17 de diciembre de 2020. Un convoy de unas diez camionetas llegó a la sede de la fiscalía del estado en Tepic, con una orden judicial.
De acuerdo con un reportaje publicado en Milenio, “elementos de la Fiscalía de Nayarit, en un principio, no dejaban ingresar al personal de la FGR”. En su versión, la FGE aseguró que “en todo momento existió el diálogo institucional y la disponibilidad de la fiscalía para facilitar cualquier acto de investigación”.
La institución dirigida por Alejandro Gertz reconoció en un oficio enviado al INAI, como parte del mismo proceso de acceso a la información pública, que “(…) tuvo la necesidad de catear a la Fiscalía Estatal, en 2020” y que, debido a eso, su personal tiene “vetado el derecho de acercarse a la dicha Fiscalía”.
En ese mismo documento, la FGR señala que “han existido enfrentamientos armados entre personal de esta FGR, en conjunto con Guardia Nacional en contra los servidores públicos de la Fiscalía Estatal, lo que ha generado inclusive pérdidas de vidas humanas”.
Los obstáculos para investigar las desapariciones forzadas en Nayarit también han estado presentes en la FGR. En uno de los oficios entregados al INAI, la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero reconoce que “se detectaron irregularidades y ciertos retrasos en las diligencias para obtención de datos de pruebas, así como omisiones en solicitudes de actos de investigación necesarios para el esclarecimiento de los hechos por lo que hubo necesidad de reestructurar, limitar y remover a personal que realizaba o coadyuvaba con los actos de investigación”.
Saberse impunes
A Leticia Pinzón le tiembla la voz al recordar aquel día de septiembre de 2018, cuando le entregaron, al fin, el cuerpo de Jesús Antonio. Ese día acariciaba “lo que quedaba de él”, cuando un funcionario del Servicio Médico Forense de la Fiscalía de Nayarit le arrojó un hueso. “Esto también es de su hijo”, le dijo.
Desde que desenterraron la primera fosa, las familias de los desaparecidos de Nayarit han padecido un desprecio tras otro.
“Fue brutal porque llevaban bolsas negras y jalaban, (las) llenaban con huesos y, órale, la otra bolsa, como si fueran basura. No había ningún protocolo”, recuerda Leticia Pinzón sobre el procesamiento de las primeras fosas.
A Tania Guzmán le entregaron a su papá en una bolsa. “Como si fuera un costal de harina”, recuerda. No le avisaron que ocurriría, sólo la citaron para darle “avances de la investigación”. Intentó e intentó, pero no pudo llevárselo de la morgue ese día porque no había hecho los trámites para velarlo y darle sepultura. “Yo pensaba: había luchado tanto para sacarlo de aquí, para saber que era él y tenía que volver a dejarlo”.
Tampoco a Janeth le querían decir el motivo por el que la citaban en la fiscalía. “Todo mundo sabía que ya me iban a entregar a mi hermano, menos yo”, dice molesta.
Después de que fueron recuperados de las fosas clandestinas, la FGE tardó siete meses en identificar a los familiares de las tres mujeres. Durante ese tiempo, mientras los cuerpos de sus seres queridos estaban en el Servicio Médico Forense, ellas los seguían buscando, esperando encontrarlos vivos.
“No ha habido una detención. No tienes idea de la cantidad de información que dimos las familias señalando a las mismas personas”, reclama Leticia Pinzón.
Gráfica 2
Hasta octubre de 2022, la investigación de la FGR incluía a 71 víctimas de delitos de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y delincuencia organizada. En un oficio que entregó la FGR al INAI, la fiscalía reconoce que indaga la participación de servidores públicos “de los más altos niveles sobre todo a nivel estatal”, y a integrantes de grupos criminales.
La investigación no parece avanzar. El 27 de febrero del 2023, en la Ciudad de México, el equipo de la FGR a cargo del expediente se reunió con familiares de los desaparecidos para mostrar una red de vínculos que elaboró con su propio análisis de contexto e imágenes de los hallazgos en las fosas clandestinas. No dieron más detalles sobre diligencias o las órdenes de aprehensión.
Casi seis años después de las desapariciones masivas en Nayarit ocurridas en 2017 no hay ninguna persona servidora o ex servidora pública detenida.
Mientras tanto, las familias en Nayarit viven con miedo un día sí y al otro también. En su búsqueda de justicia, algunos de ellos han padecido desde vigilancia a fuera de sus domicilios, amenazas y secuestros exprés.
Ya no se han visto a las camionetas ni a los hombres uniformados, pero en Nayarit las desapariciones continúan.
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**Ilustración de portada: Alejandra Saavedra
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