Sin sueldo y dejando de asistir a la escuela, el trabajo infantil vulnera los derechos de las niñas, niños y adolescentes
Publicado en: Ciudad de México el 05-06-2023
Por: Fernanda Martínez
En México, 3.2 millones de niños, niñas y adolescentes realizan trabajo infantil, reveló un estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República. Un total de dos millones hacen una ocupación no permitida, mientras que 1.2 millones se dedican a quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas.
Lo anterior se reveló en el documento ¿Quiénes son los niños, niñas y adolescentes que trabajan? En el estudio se detalló que 463 mil menores hacen actividades peligrosas, llegando a trabajar más de 36 horas a la semana, un adulto mexicano promedio llega a laboral hasta 48 horas semanales.
Oaxaca es el estado con el porcentaje más alto, pero en números absolutos es superado por Puebla y Estado de México. Por su parte, Veracruz, Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Chiapas registraron a más de 100 mil menores trabajadores.
De acuerdo con el estudio, quienes más trabajan son generalmente niños que habitan en poblaciones rurales y lo realizan en el sector agropecuario. Las niñas, por su parte, se desempeñan principalmente en el sector de servicios, destacó el documento.
Se señaló que 644 mil 658 niñas, niños y adolescentes no asisten a la escuela por tener que trabajar. Además, 73 mil de estos menores tienen la edad reglamentaria para recibir educación primaria y secundaria.
Asimismo, el 42.8 por ciento de las niñas, niños y adolescentes reciben menos del salario mínimo o su equivalente, por su parte el 25.44% no percibe una compensación monetaria. Incluso, dos niños por cada niña no reciben salario u obtienen un salario mínimo; cuatro niños por cada niña tienen uno a dos sueldos mínimo; 12 niños por cada niña perciben más de dos pagas mínimas.
Considerando que el trabajo infantil vulnera derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley Federal del Trabajo prohibió el trabajo en menores desde el 2012. Sin embargo, todavía es un problema que afecta al país, obligando a los niños, niñas y adolescentes dejar de asistir a la escuela y deteriorar su salud física y mental.