Hace unos días se anunció por el Gobierno de la República el inicio del programa “Responsabilidad compartida”, y con él, fiel a la retórica que ha distinguido a ésta Administración, se prometió a los trabajadores poner fin a los desalojos de vivienda.
Responsabilidad compartida, según voz de Carlos Martínez Director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (Infonavit) es un programa dirigido a aquellos trabajadores que han pagado su crédito hipotecario durante más de 15 años y que aún conservan una deuda mayor a 1.5 veces lo que originalmente contrataron, que tengan máximo 4 salarios mínimos, más de 40 años de edad, y que estén al corriente por lo menos los últimos 24 meses (dos años) anteriores al programa.
En efecto, basta checar el portal del Infonavit para cerciorarse que ya aparece en su página el nombre del programa, seguido de la leyenda: programa de cambio a pesos.
Es cierto que hacía falta -desde hace mucho tiempo- que quienes dirigen al Instituto tomaran en serio las cifras de cartera vencida que éste presenta, pues por lo menos los últimos dos años en Veracruz, el Infonavit encabeza la lista de acreedores que mas practican remates judiciales para adjudicarse las viviendas o permitir que terceros “inversionistas” hayan hecho su mercado inmobiliario con las viviendas que compran en “oportunidad” es decir, a bajo precio, para después revenderlas y llevarse jugosas ganancias.
Aprovechándose de la indefensión y lucrando con la desventura, de quienes observaban atrasos considerables en sus pagos y carentes de recursos pedían pagar lo justo pero no les era permitido; porque a ellos sí (a los trabajadores), se les pedía para conservar su vivienda pagar el total del adeudo, valor que en muchos casos era mayor al de la propia casa.
Ni qué decir de aquellos trabajadores atemorizados con perder su vivienda, que cedían a la cobranza abusiva de los despachos contratados por el Infonavit y bajo engaños firmaban convenios de pago judiciales o reestructuras que tampoco podrían cubrir.
La lista de excesos, abusos y agravios padecidos por los acreditados del Instituto es larga; por lo que desde luego celebro que por primera vez se hable de respetar el derecho humano a la vivienda y que ésta nueva política ponga atención en identificar la cobranza abusiva, para luego frenarla.
Sin embargo me parece que existe imprecisión en el anuncio, pues la promesa de acabar con los desalojos y de no permitir que los trabajadores sean despojados de sus viviendas, debe venir acompañada de acciones más concretas, como ¿qué pasará con los juicios que actualmente se tramitan en contra de quienes están en cartera vencida?, ¿se les dará tregua judicial?
O, ¿se detendrán los remates en contra de quienes adeudan sus créditos? Porque de lo contrario, considero que se está causando confusión entre quienes están en el supuesto de endeudamiento, al generar una expectativa difícil de cumplir y eso sí, sería grave.
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