Retienen recursos a adultos mayores del asilo, malos tratos a niñas del albergue de La Luna, entre otros.
Un grupo de once ex colaboradores del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) de Poza Rica, denunciaron una serie de irregularidades al interior de la dependencia, entre las que destacan violaciones a los derechos humanos de niñas bajo su custodia, así como la retención de los recursos del programa federal “70 y más” a adultos del asilo de ancianos, así como acoso laboral en contra de los empleados, so pena de perder sus empleos.
Detallan que el pasado 28 de septiembre, el enlace entre el DIF y el Ayuntamiento, Irving León Gallardo, acompañado del procurador de Protección para las Niñas, Niños y Adolescentes, acudieron a los albergues “Casa de los Abuelos” y “Casa de la Luna”, para informar a tres empleados, de manera verbal, la conclusión de su participación en la presente administración, sin detallar los motivos de la rescisión laboral.
Posteriormente se les unió la director del DIF, María Magdalena Lara Fuerte, para acudir al Centro de Desarrollo Comunitario “Oscar Torres Pancardo”, donde repitieron esta acción con tres trabajadores más, argumentando que se trataban de indicaciones del área de Capital del Ayuntamiento.
Cuestionada al respecto, la presidenta del DIF, María de la Luz Straffon, respondió que se trataba de empleados a los que había vencido su contrato trimestral a los que no se les había recontratado, esto mientras era fuertemente custodiada y casi llevada a rastras por sus colaboradores para evitar seguir siendo entrevistada.
Durante los primeros nueve meses de la administración, son once los trabajadores que han sido despedidos de manera injustificada, algunos de los cuales contaban con más de cinco años en el empleo. De las plazas que quedaron vacantes tras los despidos, solo una no ha sido cubierta, por lo que descartan problemas presupuestales.
Advierten que Irving León, el artífice tras los despidos, ha asesorado a la directora para que se realicen los recortes de personal, sin que la administración pueda llegar a tener responsabilidad por el pago de liquidaciones en caso de demandas laborales, toda vez que los laudos serían emitidos hasta concluida la actual comuna.
Directora ejerce acoso laboral
María Magdalena Lara Fuerte, la segunda personal al frente del DIF, ejerce un control sobre el personal a través de una política de miedo. En reiteradas ocasiones les ha advertido que tengan mucho cuidado porque el Ayuntamiento esta “tumbando cabezas”.
Así los empleados desarrollaron temor a ser despedidos de un momento a otro, comenzando a aceptar a ser tratados de forma violenta por la funcionaria, quien se aprovecha para humillarlos en público las veces que sea necesario, por lo que muchos de ellos comenzaron a callar las irregularidades que observaban al interior de la dependencia.
Quienes se mantienen en sus empleos hasta el momento, son personas afines y con una amistad previa al cargo con la directora, quien lejos de proveer personal especializado para la atención de las personas albergadas, delegó estas responsabilidad al personal general del DIF.
La falta de conocimiento respecto a las funciones de esta dependencia, aunado al bloqueo que se ejerce sobre el personal para no realizar nada que no tenga el visto de Lara Fuerte, en septiembre pasado la SEDATU informó que Poza Rica no solicitó apoyos durante este año, contrario a lo que había ocurrido en administraciones pasadas.
Otros de los apoyos con los que no contará Poza Rica, serán comedores comunitarios para los centros de atención infantil, así como la posibilidad de afiliar a jefas de familia al Seguro Popular. De igual forma se bloqueó la conformación de comités comunitarios para la substitución de las promotoras que mantenían anteriores administraciones, la mayoría de ellas seccionales del PRI, lo cual nuevamente no fue permitido por la intervención de Irving León.
Este personaje, emanado de administraciones priístas, ha tomado tal fuerza, que todo documento que llegue al DIF, le debe ser informado previamente, quien dará el visto bueno o no para ser conducidos a la dirección.
Funcionarios insensibles
Uno de los actos que mayor indignación despertó en el personal fue el cometido tanto por Lara Fuerte como por la coordinadora de atención a la población vulnerable, Mariela Flores Trinidad, quienes realizaron la entrega de una donación de calzado a familias en los centros comunitarios. Dichos zapatos se encontraban en mal estado, pero quienes hicieron saber esto, recibieron por respuesta que deberían estar agradecidos por el obsequio y que con pegamento durarían un poco más de tiempo.
De igual forma denunciaron que de forma arbitraria, estos funcionarios ordenaron que dulces, piñatas, juguetes, entre otros apoyos, no se utilizaran debidamente para lo que estaban destinados, por lo que gran cantidad de este material caducó en las bodegas.
Sin embargo, el hecho más lamentable para los ex colaboradores, fue el acto cometido el 20 de junio de este año por la coordinadora del INAPAM, Gertrudis Montalvo Álvarez y Magdhiel Hernández Martínez, Procurador de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, quienes acudieron al albergue “La Casa de los Abuelos” para renovar las tarjetas bancarias del programa “70 y más” de cinco adultos mayores, luego de que la administración anterior no había entregado dichos plásticos.
Ese día, los adultos mayores manifestaron su intensión de adquirir artículos diversos para su uso personal. Al momento de la reposición de las mencionadas tarjetas, se encontró que en promedio cada una tenía un saldo de 14 mil 788.20 pesos, el cual no ha sido entregado a los beneficiarios.
Los testimonios refieren que dichos recursos les han sido retenidos para la compra de medicamentos o alimentos, pese a que el DIF cuenta con un presupuesto ex profeso para ello.
Además se está incurriendo faltas a los derechos humanos de los adultos mayores albergados, al someterlos a dietas recomendadas por pasantes de naturopatía de la UPAV y no por nutriólogos. Lo mismo ocurre con el manejo de las heridas, las cuales están siendo atendidas con terapias alternativas y no con tratamientos médicos.
Este mismo año, fue denunciado el uso excesivo de la fuerza en contra de un albergado por parte de la entonces auxiliar Susana Salguero Aguilar; reportes que fueron desestimados por la dirección en su momento.
En el caso de las niñas bajo custodia del DIF, tienen prohibido realizar actividades al aire libre, afectando así su desarrollo; inclusive a una de ellas le fue negado el derecho de estudiar, toda vez que a consideración de la Dirección, no tenía la capacidad para hacerlo, mientras que dos menores más que recibían terapias en el CRIT Veracruz les fue suspendido el apoyo por falta de recursos. Cabe mencionar que los menores reciben educación a través de los programas del IVEA.
Durante la 20a. Sesión de Cabildo del pasado miércoles, la regidora comisionada en Derechos Humanos, Dulce María Carpizo Bauza solicitó la comparecencia de la directora, María Magdalena Lara Fuerte, del enlace del DIF, Irving León Gallardo, y del contralor José Manuel Lugo Dauzón, quien tenía conocimiento de los hechos desde el pasado 3 de octubre, cuando los ex colaboradores presentaron el reporte correspondiente.
Édgar Escamilla