Rubén Salazar.
Director de Etellekt
@etellekt_
Quienes se preocupan por la posibilidad de que la amnistía propuesta por López Obrador para pacificar al país pueda dejar libres a criminales de alta peligrosidad, deben saber que esto ha venido ocurriendo de manera sigilosa desde 2013, y no precisamente por concederles el perdón, sino por la incompetencia de policías preventivas, de investigación y el Ministerio Público (MP).
La crisis de violencia en el actual sexenio, cuyo saldo arroja más de 115 mil homicidios dolosos (SESNSP, 2018) y 37 mil desaparecidos (Segob, 2018), no podría entenderse sin las deficiencias institucionales de las agencias de seguridad y procuración de justicia, que han permitido, a lo largo de los últimos seis años, la puesta en libertad de cuando menos 33 líderes y operadores de los principales cárteles, según reportes de inteligencia de fuentes abiertas de Etellekt.
Detenciones ilegales, violaciones al debido proceso, falta de pruebas o ilegalidad en su obtención, en contra de los imputados, cometidas por negligencia de las agencias federales, son las razones esgrimidas por los jueces para ordenar estas liberaciones, lo que ha provocado que 26 de estos 33 capos, retomaran el control de sus organizaciones en 13 entidades, para recuperar a sangre y fuego las plazas perdidas frente a sus rivales.
Estos 26 capos liberados aún activos, tienen su centro de operaciones en Nuevo León (5), Chihuahua (4), Sinaloa y Tamaulipas (3 cada uno), Michoacán, Quintana Roo y CDMX (2 cada uno), Guerrero, Jalisco, Morelos, Puebla y Durango (un capo cada uno). Los efectos de estas liberaciones sobre el clima de violencia homicida son evidentes, pues 21 de estos 33 líderes del narco obtuvieron su libertad en el periodo 2017-2018, el más violento de la historia, con casi 45 mil homicidios dolosos.
Tan sólo en estos dos años, se concentra 38.8% de todos los asesinatos ocurridos en la administración de Enrique Peña Nieto.
Algunos gobernadores han puesto ya el grito en el cielo sobre el Poder Judicial, entre ellos, Jaime Rodríguez, El Bronco, quien hace unas semanas achacó el repunte de las ejecuciones en Nuevo León, a la liberación de dos jefes regionales de los Zetas. Previamente, jueces federales habían ordenado la libertad de otros tres jefes de los Beltrán-Leyva que disputan San Pedro Garza García, paradójicamente, el municipio con los mejores niveles de percepción de seguridad, según el Inegi.
Sin embargo, la raíz del problema radica primordialmente en la violación de los protocolos de detención en los que han incurrido no sólo policías federales, sino también las Fuerzas Armadas, que incluso a pesar de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, siguen sin tener facultades para entregar a los detenidos ante un MP. La verdadera amnistía a los delincuentes es producto de un sistema de seguridad y justicia que es incapaz de sancionar a los delincuentes debido a las deficiencias de sus operadores. La coordinación que ha anunciado López Obrador por sí misma no las resolverá y tener más efectivos de las Fuerzas Armadas o de las policías, tampoco.