Ciudad de México.- Un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) falleció sepultado vivo durante un entrenamiento en Baja California en 2020 y, en respuesta, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al titular de la corporación, Luis Cresencio Sandoval para hacer la reparación del daño integral.
En el comunicado DGDDH/187/2022, la CNDH relató que el 24 de noviembre de 2020 se realizó un curso de fuerzas especiales en el desierto de Mexicali y, cuando los elementos cubrían los bunkers que anteriormente habían excavado, el instructor ordenó a la víctima que se introdujera en el búnker número 8, a lo cual obedeció.
Una vez dentro, el instructor ordenó que lo taparan, por lo que arrojaron tierra y lo sepultaron. Posteriormente, se ordenó a otros cuatro elementos que se introdujeran al mismo búnker y también los enterraron, tan es así que un instructor caminó sobre la tierra que los cubría.
Los testimonios recopilados refieren que los responsables del grupo comenzaron a tomar fotografías riéndose de lo que ocurría y que este tipo de prácticas eran recurrentes por parte de ambos, sin que el responsable principal del grupo se percatara de ello, ya que lo hacían cada vez que se alejaba del lugar.
Auxiliados por compañeros que se encontraban fuera del búnker en ese momento, cuatro de los sepultados lograron salir sin darse cuenta de que la víctima quedó al interior, ni en qué momento fue ingresado al mismo.
Una de las personas que había estado enterrada se percató de que había perdido su cargador, por lo que, al buscarlo al interior del búnker apareció la víctima, quien yacía inconsciente, por lo que fue trasladada a un hospital. No obstante, al llegar al nosocomio ya se encontraba sin signos vitales. La necropsia arrojó que había fallecido por asfixia.
Las investigaciones de la CNDH evidencian que la víctima fue privada de la vida por acciones y omisiones de quienes estaban a cargo del entrenamiento, elementos adscritos a la Sedena, y quedó evidenciada la falta de vigilancia respecto a las prácticas irregulares que entre soldados llevan a cabo como “métodos de castigo”.
Por lo anterior, el organismo solicitó a la Sedena que se inscriba a las personas afectadas en el Registro Nacional de Víctimas, y que proceda a la inmediata reparación integral del daño ocasionado a las víctimas indirectas, que incluya una compensación justa y suficiente además de dar atención médica integral y psicológica permanente.
De la misma manera, se requiere que la Sedena colabore ampliamente con el Juzgado Militar encargado del trámite de la carpeta de investigación en contra de las personas responsables, considerando que hay datos o indicios que permiten advertir presuntas responsabilidades penales.
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