Durante el primer bimestre de este año al menos dos Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras han cerrado sus puertas en la zona conurbada de Poza Rica, ante la imposibilidad de las madres o padres para cubrir una cuota de corresponsabilidad mayor a la que habían estado pagando hasta el año pasado. Mientras tanto, responsables de estos establecimientos señalan que han sido criminalizadas por las autoridades al afirmar, en lo general, que forman parte de una red de corrupción o que operan en la irregularidad, pese a que desde su creación el programa ha estado supervisado por dependencias de los tres órdenes de gobierno. Ahora piden ser escuchadas y así dar certidumbre tanto a las encargadas como a las familias beneficiarias.
“Necesitamos que se nos escuche; no se nos ha dado el derecho de réplica, se nos ha tildado de corruptas, de todo, menos el reconocimiento a la labor que hacemos”, comenta Yenevi Vallejo Becerra, responsable de la estancia “Popeye”, ubicada en el fraccionamiento Heriberto Kehoe, en Poza Rica.
Desde que se anunciaron los cambios en la entrega de subsidios por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, las encargadas de estos establecimientos han buscado el acercamiento con los representantes de la ahora Secretaría del Bienestar, antes Sedesol, primero para conocer si recibirían los pagos pendientes de este primer bimestre en el que han brindado atención a los niños, pero también para conocer con certeza las nuevas reglas de operación del programa, sin éxito.
Se quejan de que nunca hubo acercamiento previo que permitiera a las responsables tomar medidas para evitar la actual crisis. A pesar de que se ha dicho de que las estancias son inseguras, afirman que desde el inicio de la actual administración no se ha realizado ninguna supervisión como para dictaminar que se trata de locales que operen fuera de la norma.
De acuerdo con las reglas de operación del programa, las estancias infantiles nacieron con el propósito de “Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y tutores que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los servicios de cuidado y atención infantil.”
El programa estaba dirigido a dos poblaciones objetivo, primero las mujeres madres solteras y padres solos que se encontraran trabajando o estudiando y que necesitan de alguien que cuidara de sus hijos, pero también estaba destinado al impulso de servicios de cuidado y atención infantil; es decir, personas que tuvieran la intención de establecer y operar una estancia.
Cada estancia estaría recibiendo a niños de entre un año y hasta un día antes de cumplir los cuatro años; establecimientos a los que se les otorgaba un subsidio que no podía ser mayor a los 70 mil pesos mensuales, dependiendo de los menores que tuvieran matriculados.
A la fecha dos estancias infantiles han cerrado sus puertas en el municipio de Coatzintla, ante la imposibilidad de seguir costeando. Los padres de familia estaban pagando una cuota de corresponsabilidad no mayor a 700 pesos mensuales, sin el subsidio, los usuarios tendrían que pagar entre 1,300 a 1,500 pesos como mínimo, lo que afectaría la estabilidad económica de las familias.
Ante la falta de claridad por la falta de reglas de operación, hasta el momento todo permanece en rumores, como el hecho de que este apoyo que ahora se entregaría directamente a los padres se estaría entregando a partir de junio, por lo que no hay certidumbre respecto a lo que pasará en este primer semestre.
En el caso de la estancia “Los Pekes”, la nómina está integrada por 10 personas con estudios de licenciatura en educación, psicología o puericultura, por lo cual no pueden mantener una cuota baja para aquellos padres que no tienen acceso a guarderías del IMSS u otro sistema. De continuar esta situación, la encargada Edna América Sánchez Olivares prevé un recorte de personal.
Aunque el aumento en las cuotas ha sido mínimo, el impacto en la matrícula es notoria. En los primeros días de este año se ha reducido de 60 niños a solo 40.
Ahora piden que las autoridades den la cara y denuncien a aquellas personas que aseguran han lucrado con este programa, pues consideran injusto que se generalice y se les criminalice ante la opinión pública.