Alberto Uriel Pérez Cruz, Luis Humberto Morales Santiago y Jesús Alan Ticante Olmedo fueron víctimas de detención arbitraria y desaparición forzada a manos de policías municipales e integrantes de la delincuencia organizada, en marzo de 2016, en Papantla. Tres años y medio después, sus familiares reciben una disculpa pública de parte de las autoridades municipales y estatales.
Édgar Escamilla
Papantla, Ver.- Después de tres años y siete meses de la detención arbitraria y desaparición forzada de los jóvenes Alberto Uriel Pérez Cruz, Luis Humberto Morales Santiago y Jesús Alan Ticante Olmedo, autoridades municipales y estatales ofrecieron una disculpa pública a sus familiares, a recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dos años atrás.
El 19 de marzo de 2016, Alberto Uriel y Luis Humberto viajaban en un automóvil, el cual agredido con disparos de armas de fuego a manos de policías municipales, mismos que fueron detenidos de manera arbitraria; momentos después, también fue apresado Jesús Alan. Los tres fueron entregados a integrantes de un grupo criminal, para nunca más volver a saber de su paradero.
Por tales hechos, el 28 de marzo de ese mismo año fueron detenidos Higinio Bastián Santiago, Rufino Pérez Baltazar, José Luis Ramiro García, Benito Velázquez, Reyes León de la Cruz, Mauro Olmedo y el comandante de la Policía Municipal, Bernardino Olmedo Castillo.
Año y medio después, el 29 de septiembre de 2017, la CNDH emitió la recomendación 6VG/2017 por violaciones graves a los derechos humanos, dirigida entonces al Gobernador, Fiscal y Presidente Municipal de Papantla, por la detención arbitraria y desaparición forzada de los jóvenes, atribuibles a la Policía Municipal y a la delincuencia organizada, además de la indebida procuración de justicia y la retención ilegal de un menor de edad.
En la recomendación se estableció la necesidad de ofrecer una disculpa pública a las víctimas indirecta; sin embargo, el entonces alcalde Marcos Romero Sánchez, trató de evadir su responsabilidad y trató de citar a los familiares a una reunión privada, lo que no fue aceptado.
No es sino hasta este 5 de noviembre de 2019, que el ahora presidente municipal Mariano Romero González, sobrino de su antecesor, acudió al auditorio del museo Teodoro Cano, en Papantla, para ofrecer la disculpa pública reclamada por la CNDH, acompañado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien hizo lo propio en atención también de la recomendación 6VG/2017.
Como titular del poder ejecutivo municipal de Papantla, ofrezco una disculpa institucional, de carácter pública, reconociendo la responsabilidad de los servidores públicos municipales, por la vulneración de la dignidad de las víctimas directas e indirectas, por los actos violatorios de derechos humanos proferidos contra los tres jóvenes”, expresó el alcalde Romero González, ante los familiares de los desaparecidos e integrantes de los colectivos de búsqueda ahí reunidos.
Ofreció también una disculpa por el proceso de revictimización al que han sido expuestos los familiares de las víctimas directas: Humberto Morales Pérez, Alberto Pérez, Constantina Olmedo Olmedo y Blanca Ninfa Cruz Nájera, comprometiéndose a que hechos similares no volverán a repetirse en el territorio del municipio de Papantla, así como tomar las medidas necesarias para garantizar la no repetición.
En entrevista posterior, cuestionado respecto a la reparación del daño e indemnización también contempladas en la recomendación, expresó que está en manos de la Comisión determinarlo y en cuanto se emita, el Ayuntamiento está en la disposición de atenderlo. De igual forma comentó que el que se diera ls disculpa casi al finalizar el segundo año de su administración obedeció también a los tiempos que marca la CNDH.
A la fecha, Papantla ha dado de baja a 125 policías y realiza la certificación de sus elementos.
Deficiente, seguimiento a la recomendación: Madre
Con paso lento, la señora Blanca Ninfa Cruz Nájera se acerca al atril y se refiere directamente a las fotografías de los tres jóvenes desaparecidos. Con voz entrecortada les manifiesta: “en nuestro corazón sigue la herida causada por el dolor de no tenerles”. Acto seguido les reitera “sus familias somos dignas, que no nos rendimos, que no nos vendemos y que no nos cansaremos hasta tenerles de regreso”.
Junto con Humberto Morales y Constantina Olmedo, durante tres años ha buscado indicios que los ayuden a localizar a sus hijos. Agradece al micrófono la disposición de las autoridades para el ofrecimiento de la disculpa pública, para después revirar y exponer su sentir.
Nos preocupa y nos indigna que a tres años y medio de la desaparición de nuestros hijos y a mas de dos años de haberse formulado la recomendación […] el seguimiento y cumplimiento de dicha recomendación sea tan deficiente e insuficiente para proteger, reparar y sancionar las graves violaciones que la motivaron”.
Apenas hace 15 días personal de la CNDH se reunió con los familiares para presentar un avance del cumplimiento del seguimiento a la recomendación y, agrega, a la fecha ninguna de las familias ha accedido al Registro Nacional de Víctimas, lo que le resulta victimizante e indigno al presentarse a escuchar la disculpa.
Advierte que no se completado el proceso de reparación del daño, ni se ha recibido compensación o indemnización alguna; tampoco han tenido acceso al fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, previsto en la Ley General de Víctimas, solo a un recurso estatal este año, de la Comisión de Víctimas del Estado.
Los familiares han sufrido afectaciones emocionales y psicológicas, depresión, ansiedad, temor, llanto incontrolable, señalamientos por parte de las propias autoridades, o actos revictimizantes, como la fallida disculpa pública que el ex alcalde, Marcos Romero.
Reclama que a pesar de que se ha comprobado el nexo de los policías con los criminales, no existe constancia de que el Ayuntamiento o la CNDH hayan presentado la denuncia de hechos ante la PGR por la probable responsabilidad del delito de delincuencia organizada.
A la fecha se siguen padeciendo homicidios, secuestros, desapariciones y feminicidios en la región; resulta mas grave tener conocimiento de que las corporaciones policiacas del estado siguen siendo partícipes de desapariciones forzadas”, increpa.
Denunció también la falta de efectividad de la Fiscalía General del Estado, que no ha sido capaz de ofrecer ni verdad ni justicia a los familiares; así mismo, reclamó que no hay constancia de que los funcionarios que incurrieron en irregularidades en la integración de las carpetas, hayan sido sancionados, como tampoco hay resultados de las pruebas genéticas realizadas a muestras de restos calcinados, que se recolectaron en dos ocasiones distintas.
Uriel, Humberto y Jesús Alan son inocentes: Cuitláhuac García Jiménez
“No hay nada que pueda compensar la desaparición o la perdida de una vida humana”, expresó el gobernador Cuitláhuac García en su intervención, para después ofrecer también una disculpa pública a nombre del Gobierno del Estado.
Dijo que es fundamental que se limpie el nombre de tres jóvenes inocentes, desaparecidos y se deje en claro quienes fueron los culpables, responsabilidad de la cual no puede eludirse el Estado.
Es el inicio de un cambio de actitud; se están reconociendo la responsabilidad de una de las partes, los responsables que enfrenten la justicia y paguen frente a la ley, y que el Estado que reconozca que se equivocó”.
Ante los presentes, se comprometió a seguir buscando con vida a los tres jóvenes.
Disculpa pública no basta: CNDH
Ismael Eslava Pérez, primer visitador de la CNDH, reconoció que la violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad que se presentan en diversas regiones del país, son algunos de los factores que han propiciado e incidido en que la desaparición forzada sea un flagelo que, pese a las voluntades políticamente reiteradas, se esté lejos de poder dimensionar y atender adecuadamente.
Reconoció también que los agraviados y familiares permanecen en un estado de abandono y revictimización, violentando aún más sus derechos.
Puntualizó que una disculpa pública no basta para reparar el profundo daño; sin embargo, pidió que el reconocimiento público de responsabilidad se traduzca en un compromiso de implementar medidas que faciliten la búsqueda de las víctimas, las garantías de no repetición, la reparación integral del daño y la realización de un diagnóstico que permita determinar si los policías cuentan o no con los perfiles requeridos para su empleo, cargo o comisión.