Cárcel de lujo en Papantla
El Complejo Penitenciario Federal número 3 quedó abandonado desde el 2012.
Édgar Escamilla
Papantla, Ver.- Durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, el gobierno federal invirtió 2,600 millones de pesos en la construcción del llamado Súper Penal, el Complejo Penitenciario Federal Número 3 en la comunidad Gildardo Muñoz, perteneciente al municipio de Papantla, mismo que debió ser concluido en 2012. Seis años después y al final de su gestión, Enrique Peña Nieto aprueba 3 mil 521 millones 800 mil pesos más para la conclusión y ampliación, a través de una asociación público privada.
En enero de 2018, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) emitió la convocatoria para la conclusión de las instalaciones, ampliación y equipamiento de las áreas “con tecnologías de última generación”, vehículos y mobiliaria del citado Complejo.
El Súper Penal se encuentra ubicado en la comunidad totonaca de Gildardo Muñoz, a escasos 8 kilómetros de la zona arqueológica El Tajín y el parque temático Takilhsukut, en una zona con alto índice de marginación. Las imponentes instalaciones del Complejo contrastan con los techos de lámina de las viviendas ubicadas a escasos metros.
En un principio, la construcción de este espacio causó problemas entre los lugareños, quienes vieron con preocupación que los reos más peligrosos del país pudieran ser enviados a estas instalaciones.
El proyecto licitado fue ganado en julio de 2009 por la empresa Grupo Tradeco y se programó concluirlo en junio de 2012, con un presupuesto de 2,300 millones de pesos. El monto final de la inversión resultó ser de 2,600 millones de pesos; 300 mdp más de lo previsto.
La obra se dividió en tres contratos por asignación directa, el número OADPRS/DGA/DOPRMSG/OP/O/AD/
El segundo contrato de obra número OADPRS/DGA/DOPRMSG/AD/OP/S/AD/
Por último, el contrato OADPRS/DGA/DOPRMSG/OP/S/AD/
Arguyendo el nuevo ordenamiento jurídico que establece la necesidad de contar con espacios adecuados para las personas privadas de su libertad por delitos del fuero federal, la CNS pretende la conclusión, ampliación, equipamiento y manejo del Complejo mediante una asociación público privada por un tiempo de 22 años.
Este proyecto que permite la privatización de las instalaciones federales fue autorizado el 29 de noviembre de 2017 y las bases para la licitación fueron publicadas en marzo del presente año, firmándose el contrato el 8 de junio, mientras que el inicio de los trabajos se estableció el 9 de agosto, los cuales deben concluir en 2020, mientras que la operación y mantenimiento del mismo se prolongará hasta el 2040.
Así, al final de la administración peñista, el Estado confiere la responsabilidad de concluir las instalaciones y la prestación del Servicio Integral de Capacidad Penitenciaria a particulares.
A partir de este año, la Comisión Nacional de Seguridad pagará una contraprestación al desarrollador privado por la disponibilidad de los servicios, con cargo a su presupuesto multianual autorizado, comprometiendo parte de sus recursos hasta el 2040.
Con la aprobación de 3 mil 521 millones 800 mil pesos adicionales para la conclusión del Súper Penal, este tendrá un costo superior a los 6 mil millones 121 mil pesos.