Por Héctor Hugo Viveros G. Saldaña
Taibo, no cumplía con los requisitos para ser titular del Fondo de Cultura Económica (FCE), no nació en territorio mexicano, ni es hijo de padre o madre mexicana, es un español naturalizado mexicano, y para permitirle ser Director del Fondo de Cultura Económica, el Congreso simplemente modificó la Ley. Fue ratificado en enero de este año en ese cargo.
Bonilla, fue electo para un periodo de 2 años como Gobernador de Baja California, así se estableció en la convocatoria y los baja californianos lo eligieron por dos años. Bonilla, al aceptar participar con las reglas de esa convocatoria reconoció que 2 años después se iría del cargo y reconoció (tácitamente) que los ciudadanos de ese Estado tienen derecho a elegir a otra persona en 2020. El Congreso de su estado le tomó protesta por 5 años.
Andrés Manuel fue electo por 6 años, pero al cuarto año, podríamos ser consultados para saber si concluye o no su mandato. A él se le eligió por 6 años, convenció a las y los ciudadanos de que es la mejor opción para gobernar por 6 años.
Estos son tres casos en los que se ha modificado la Ley o la Constitución con el objetivo de cambiar las reglas de acceso y permanencia en cargos de elección popular o en el servicio publico. El denominador común es que los tres denotan una convicción de modificar las reglas para lograr objetivos personales. Y podríamos pensar en darles el beneficio de la duda y ver “el lado positivo” a cada una. Dejemos eso para los promotores y beneficiarios de esas reformas.
Las leyes Taibo y Bonilla existen solamente para cumplir los deseos de Taibo y Bonilla, llegar a ser director y gobernar por 5 años, punto. No hay ningún beneficio social, cultural, económico o democrático para el FCE o Baja California. De esos cambios solo se benefician ellos, su equipo y quien los propuso. ¿Ya saben quién?
La revocación del mandato produce un esquema mediante el cual se puede reducir el periodo para el que se eligió al Presidente, pero nos guste o no, se eligió presidente por 6 y aunque no hallamos votado por él, reconocemos que las personas que sí votaron por él, ejercieron el derecho a elegir un presidente que dure en su encargo 6 años. No más y no menos. Llamar a una consulta para revocarlo, equivale a decir a quienes lo eligieron: “lo elegiste por 6 años seguros, pero te vamos a dejar 4 años seguros y 2 condicionados a una consulta. Si vemos que no es tan bueno, se va.” Eso significa restarle valor a cada uno de los 30 millones de votos que lo eligieron. Las reglas establecieron que se le eligió por 6 años y ningún demócrata puede estar de acuerdo con reducir o aumentar el periodo de un Gobernador o Político ya electo bajo ciertas reglas. Más allá de la afinidad por la forma de gobernar de cada uno, debe haber un respeto por las reglas democráticas. El presidente debe cumplir su periodo de 6 años sin cuestionar su permanencia porque debe actuar más allá de su popularidad, debe tener visión de estado y no electoral.
El resultado de esa consulta solo va a generar un indicador de popularidad y no necesitamos que el presidente mida su popularidad, esa etapa solo es propia del candidato a presidente de la republica que busca ganar una elección. Necesitamos un presidente que promueva derechos, que genere confianza para la inversión nacional y extranjera, que retire la prisión preventiva oficiosa, que dedique esas horas de conferencia a resolver problemas y no ha provocar polémicas y enfrentamientos entre mexicanos, que ordene la detención de los delincuentes, sin soltarlos. Ese es el presidente que necesitamos, no uno preocupado por su popularidad que de nada le servirá al terminar su encargo, a menos claro que tenga el objetivo de volverse a postular y utilizar el resultado como pretexto para modificar las normas de acceso y permanencia al cargo, como se hizo con Taibo y con Bonilla.
¿Cuánto más tenemos que esperar para que un demócrata sea Presidente?