Acusa extorsiones en Hidalgo; trabajos continúan en otras zonas, aclara.
A través de un correo electrónico, la empresa Transportadora de Gas Natural de la Huasteca (TGNH), filial de TransCanada, que realiza los trabajos de construcción del gasoducto Tuxpan-Tula-Villa Reyes, confirmó que las obras se encuentran detenidas en el estado de Hidalgo, mientras que en Puebla se encuentran a la espera de que concluyan las consultas indígenas respectivas.
El comunicado refiere que “dadas las circunstancias que prevalecen en el estado de Hidalgo, nuestros proyectos han excedido de manera conjunta nuestro tiempo estimado de construcción por más de 56 meses, así como los costos asociados con estas demoras.”
TransCanada participa en la construcción del gasoducto de 700 kilómetros para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el que se invierten más de 20 mil millones de pesos, según la licitación en la que se le permite la operación del ducto durante 25 años para suministrar gas natural al occidente del país.
La empresa refiere enfrentar una situación de incertidumbre social y legal en el estado de Hidalgo, lo que le imposibilita la continuidad de las obras. Advierte que ha enfrentado solicitudes que podrían ser consideradas extorsiones para permitirles seguir con los trabajos. “En múltiples ocasiones, grupos sociales han hecho peticiones irracionales, que rayan en la extorsión, y realizan actos fuera de la ley”.
Denunció además que en diversos municipios no existe una limitación clara de sus límites jurisdiccionales, además de que realizan modificaciones a los leyes de ingresos locales para aumentar los costos de las autorizaciones.
Esto ha generado retrasos significativos y supuestas pérdidas millonarias a la empresa, desalentando además otras inversiones alternas al proyecto. Bajo estas condiciones, alerta que los gasoductos no podrán ser concluidos; sin embargo, aclara que los trabajos continúan en otras zonas mientras se evalúan las opciones con respecto a la ruta actual en Hidalgo.
El proyecto de inicio había despertado la inconformidad en diversas localidades afectadas en el trazo del gasoducto. Comunidades indígenas de Pahuatlán y Tlacuilotepec, en Puebla, se habían amparado con contra de la construcción del mismo.
En Tamiahua, Veracruz, también había enfrentado el rechazo de las autoridades municipales, lo que derivó en un conflicto entre la alcaldesa Citlali Medellín y el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, retirándosele los permisos para la obra.
Diversas organizaciones no gubernamentales han expresado su beneplácito con el hecho de que fueran suspendidas las obras, al considerarlas un proyecto que atenta contra las comunidades y su estilo de vida.
Édgar Escamilla