El ex mandatario tenía planeado desmantelar la dependencia antes de la llegada del nuevo gobierno.
Poza Rica, Ver.- Trabajadores de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) y pensionistas de la misma dependencia se manifestaron frente a la oficina operadora en este municipio, en exigencia del pago del fondo de ahorros y otras prestaciones que se les adeudan desde el año pasado.
Los empleados denunciaron que durante todo el año se les descontaron los montos correspondientes a su fondo de ahorro, pero no les fue entregado, por lo que a casi tres meses de la actual administración decidieron inconformarse.
Además del fondo de ahorro, denunciaron que a los trabajadores eventuales no se les ha cubierto el pago del aguinaldo.
Misma situación enfrentan las pensionistas de la CAEV, a las cuales se les adeudan tres meses de salario, el cual no obstante les fue descontado a sus parejas de manera oportuna, pero no se ha visto reflejado, por lo que amenazaron con este miércoles tomar las oficinas en reclamo del pago.
Guillermo González Alamillo, jefe de la oficina operadora Poza Rica, les informó que pese a la intención de cubrir el pago pendiente de las prestaciones, no fue posible realizarlo desde las oficinas centrales en virtud de que la administración anterior no había dejado el recurso en las cuentas.
Con el desfalco a cuestas, la dependencia ha tratado de cumplir con el servicio a los usuarios y pagar puntualmente los salarios, pero carece de recursos para cubrir los adeudos correspondientes con los trabajadores.
El abandono que sufrió la dependencia durante la administración pasada provocó que redujera su capacidad operativa. Actualmente se brinda el servicio a no más del 50 por ciento de la población y se han destinado recursos para la reparación de la red de tuberías que, durante los dos últimos años, presentó innumerables fugas por la falta de mantenimiento.
El funcionario informó que a la fecha se les ha abonado el 50 por ciento de los adeudos y se espera cubrir el total a más tardar en un mes. Son más de 11 millones de pesos los que se adeudan, en algunos casos, prestaciones descontadas desde el 2017.
La oficina requiere de 3.5 millones de pesos mensuales para su operación y presenta un enorme rezago en el cobro del servicio entre los usuarios, muchos de los cuales optaron por no pagar los recibos por la mala calidad del servicio en los últimos años, lo que agravó la crisis en la dependencia.
En 2018, luego del triunfo de Cuitláhuac García, trabajadores de esta dependencia denunciaron la intención de las oficinas centrales de transferirlos en bloque a diversos municipios, con el fin de desintegrar las oficinas y reducir así los ingresos a CAEV y en consecuencia al nuevo gobierno.
Ese mismo año, al menos 20 municipios habían solicitado la municipalización de las oficinas operadoras. En el caso de Tihuatlán, gobernado por el PRD, sí se llevó a cabo.
Yunes había mantenido dentro de la nómina de CAEV a personajes como Enrique Samberino Lara, inhabilitado por la Contraloría General durante la operación de empresas fantasma en la administración de Javier Duarte.